La justicia correntina al rojo vivo: la «causa armada» que marca un antes y un después

Las irregularidades en la Justicia están a la orden del día, pero la situación comenzó a aclararse desde hace unos meses con el cambio de paradigma político a nivel nacional. Uno de los focos está en Corrientes, provincia en la que los problemas en el funcionamiento del Poder Judicial han estado a la orden del día a lo largo de la gestión macrista.

Tomás Chalup, abogado defensor de Ricardo Aguirre, afirmó en AM 1300 La Salada que su cliente fue víctima “de una causa armada en donde fiscales y jueces llevaron adelante investigaciones inventadas y le han imputado a mi defendido delitos que no ha cometido por lo que ha estado detenido dos años y seis meses”.

“Hace una semana conseguimos que se le otorgue la encarcelación. No es nuevo en nuestro país. Ha sido víctima durante el último mandato presidencial en donde se han organizado operativos a los efectos de perseguir a las personas e inventar motivos para mantenerlos detenidos”, comentó.

Aguirre fue injustamente sindicado como el propietario de un hotel que funcionaba como prostíbulo donde explotaba mujeres, y presuntamente menores, en Paso de los Libres y propietario de una agencia de automóviles por medio de la cual habría incorporado al mercado legal dinero proveniente de acciones ilegales, causa en las que están involucrados funcionarios aduaneros.

“Lo peor que le pasa a una persona es el hecho de ser privada de la libertad y, cuando es víctima de una acusación inventada, es doblemente traumático. Es una tortura permanente. El trabajo, más que la parte legal, es que la persona no se deprima y este fuerte mentalmente”, agregó en ‘La Vuelta con Vos’ junto a Rosanna González y Romina Monfrinotti.

“Era muy común, como en la época del proceso, el uso de las fuerzas de seguridad que a través de escuchas ilegales cambiaban o cortaban intervenciones telefónicas y hacían parecer que uno tenía una determinada participación en esos hechos. De esa manera se creaba un determinado relato y se perseguía a las personas”, dijo.

“Los fiscales siguieron una línea que venía de Buenos Aires y son participes de esta situación porque son los que efectuaron esta acusación. Los jueces que aceptaron esas acusaciones falsas también son responsables. Desde la defensa ya hemos efectuado las denuncias correspondientes”, sentenció.

“Los fiscales a nivel nacional son los que bajaban las instrucciones, sobre todo en cuanto a la trata de personas y lavado de dinero. Las causas que se iniciaron en esos años tienen el mismo perfil: un hecho aparentemente real y la acusación a personas que no tienen vinculación con el mismo pero lo hacían aparecer como que sí. No hay ningún caso que haya terminado en condena”, contó.