La Corte bonaerense se reunió con más de 200 jueces y les pidió un uso excepcional de la prisión preventiva
La Suprema Corte bonaerense se reunió hoy por primera vez con más de 200 jueces penales y les pidió hacer un uso excepcional de la prisión preventiva con el fin de descomprimir la situación de hacinamiento carcelario en la provincia de Buenos Aires, el cual volvieron a calificar de “insostenible”.
En la sede del Instituto de Estudios Judiciales ubicado en La Plata, que estuvo colmado de asistentes, el encuentro fue encabezado por el presidente del máximo tribunal, Eduardo de Lázzari, quien estuvo acompañado de los ministros Daniel Soria, Luis Genoud, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani y Sergio Torres.
Por parte de los jueces, asistieron los miembros del Tribunal de Casación Penal, unos 200 jueces de Garantías, Correccionales, de Tribunales Orales y de Ejecución Penal, autoridades del Colegio de Magistrados, del Colegio de Abogados provincial y de representantes de los comités de seguimiento de las personas privadas de la libertad de los distintos departamentos judiciales.
En ese marco, De Lázzari hizo referencia a la resolución del 11 de diciembre, en la que se calificó como «insostenible» la actual situación carcelaria y se dispusieron diversas medidas en la materia.
Asimismo, citó precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre ellos los casos «Romero Feris», «Jenkins» y «Gelman», y les remarcó que la Corte respaldará a los magistrados que adopten decisiones ajustadas a derecho.
También se habló de las denuncias contra los jueces en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados como forma de presión para que adopten determinadas decisiones, las cuales en general terminan siendo archivadas.
Luego de la exposición de De Lázzaro, la jornada de trabajo prosiguió con intercambios entre los jueces asistentes y los magistrados del Tribunal de Casación Penal, quienes en octubre elaboraron un documento detallando las condiciones de detención de los presos de la provincia de Buenos Aires.
Luego, el 12 de diciembre, a pocos días de iniciarse la huelga de hambre de casi diez mil presos, la Suprema Corte pidió un “uso racional” de la prisión preventiva y recordó a los jueces que hay otras alternativas al envío de detenidos a las cárceles, entre ellas la prisión domiciliaria.
Además pidió que se conforme una «mesa de diálogo» para encontrar una solución y el 19 de diciembre el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, encabezó la primera reunión para tratar de encontrar soluciones al conflicto.